Suprema Corte ordena atender interrupción de embarazo en caso de violación

POR: / 6 abril, 2018

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“Las autoridades sanitarias a quienes acudan mujeres que hayan sido víctimas de violación sexual y estén embarazadas –producto de dicho acto– deben atender de manera eficiente e inmediata la solicitud, a fin de no permitir que las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la agresión sexual sigan aumentando con el paso del tiempo, lo que conlleva no sólo a prestar la atención y observación médica necesarias, sino a la materialización de tal interrupción legal del embarazo”, promulgó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN), al respecto de la interrupción legal del embarazo en caso de ser producto de una violación.

Y es que luego de tres años de litigio, se otorga el amparo de la justicia federal a una menor de edad y sus padres, quienes promovieron un recurso de esta naturaleza en contra de las autoridades del estado de Morelos que se negaron a interrumpir el embarazo y en consecuencia pusieron a la víctima de un ataque sexual en un estado de vulnerabilidad a pesar de que en su contra se cometió una violación grave a sus derechos humanos.

El caso inició en noviembre de 2015 cuando la menor denunció ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la comisión del delito de violación y el ataque derivó en un embarazo no deseado.

Tras la agresión y la denuncia, la joven víctima acudió al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, en el estado de Morelos, y solicitó que se le practicara la interrupción legal del embarazo, y además de argumentar que fue objeto de un ataque sexual, el producto presentaba un padecimiento congénito.

Sin embargo, las autoridades médicas se negaron a practicarle el aborto legal, y luego de más de tres años de litigio en tribunales, finalmente la segunda sala de la Corte emitió un fallo sobre este tipo de casos.

Al recibir la solicitud de interrupción de un embarazo producto de una violación sexual, las instituciones públicas de salud deberán brindar la atención médica correspondiente a un caso de emergencia y, con la autorización de las autoridades ministeriales –exigible conforme a la NOM-046-SSA2-2005 previa a su reforma–, deberán practicar la interrupción del embarazo.

Lo anterior implica que las autoridades de salud no pueden implementar mecanismos ni políticas internas que impidan se materialicen los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de dicho acto delictivo.

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